En el Día Internacional de los Derechos Humanos, Cáritas apela a la Comisión Europea para que reafirme, con acciones concretas, su compromiso con la implementación de la Agenda 2030 y con la defensa de la coherencia política, para el desarrollo sostenible, en todas las políticas exteriores de la Unión Europea.
Solo así la Unión Europea podrá garantizar la protección de los derechos humanos y la dignidad de todos.
En ese sentido, recuera que los derechos humanos, como la libertad y la igualdad, forman parte de los valores fundacionales de la UE (artículo 2 del Tratado de la Unión Europea) y de la Agenda 2030 y los objetivos de los ODS, con los que tanto la UE como sus Estados miembros se han comprometido. Para Cáritas Europa, los derechos humanos deben protegerse y promoverse en todas las políticas exteriores de la UE, incluidas las áreas de agricultura, comercio, impuestos y migración, así como en las políticas de seguridad y desarrollo.
El Día Internacional de los Derechos Humanos es una oportunidad para recordarles a los líderes de la UE que se tomen en serio la diversidad, que pongan la dignidad humana en el centro de la formulación de políticas y que repensemos cómo se relacionan ellos mismos con las personas. Queremos que escuchen a quienes viven en la pobreza y la exclusión y que diseñen políticas que funcionen para las personas.
Shannon Pfohman, directora de Política y Defensa de Cáritas Europa
Vulneración de Derechos Humanos en España
Junto a esta reivindicación en el ámbito europeo, desde Cáritas Española, como miembro de la Red Europa de Lucha contra la Pobreza (EAPN), integrada en la Plataforma DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales) en España, se pone el foco en la realidad de protección de los derechos humanos en España, donde existen situaciones de vulneración de los mismos que han ido empeorando desde el estallido de la crisis económica y sus años posteriores. Esta grave situación ha sido también denunciada por los diferentes mecanismos de control de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Como se señala desde la Plataforma DESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus tres informes remitidos al Estado español ha mostrado su preocupación por que los derechos económicos, sociales y culturales sigan siendo considerados como meros principios rectores de la política social y económica, y que sólo puedan ser invocados cuando hayan sido desarrollados legislativamente o en relación con otros derechos que cuentan con mayor protección, como el derecho a la vida.
La Constitución Española contempla la incorporación automática de los tratados internacionales en su ordenamiento jurídico en el artículo 10. Y aunque España se comprometió al cumplimiento efectivo del Pacto de los derechos económicos, sociales y culturales y a la utilización de un mecanismo para hacerlo efectivo con la firma del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976, estos derechos, sin embargo, son tratados como “derechos de segunda”, con una menor garantía, protección y desarrollo que los derechos civiles y políticos, dada su posición como “principios rectores” en la carta magna, y no como derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional y el Gobierno español se han pronunciado recientemente de forma contundente al respecto.
La Plataforma DESC denuncia esta interpretación, que en última instancia impide a la ciudadanía invocar derechos como la vivienda, la salud, la protección social ante los jueces y tribunales. Para ello, es necesaria una reforma constitucional para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales cuenten con el mismo grado de protección que a los derechos civiles y políticos, articulando la posibilidad de la invocación de estos derechos ante los jueces y tribunales de la jurisdicción correspondiente.
Asimismo, se urge al Gobierno español a que establezca un mecanismo nacional eficaz para la aplicación y el seguimiento de los Dictámenes del Comité DESC, así como las Recomendaciones de los diferentes Relatores de Naciones Unidas, de forma que se integren en el ordenamiento jurídico y social de nuestro país para garantizar que España sea un país comprometido de verdad con los derechos humanos.
