• 9,4 millones de personas se encuentran en situación de exclusión, un 17,7% más que antes de la Gran Recesión de 2007.
• Cáritas presenta un adelanto de los resultados del IX Informe FOESSA, que se hará público durante el último trimestre de 2025.
• Los datos de la encuesta, realizada el pasado semestre a 12.500 hogares de todo el país, demuestran que la pobreza y la exclusión social no son solo consecuencia de las crisis, sino de nuestro modelo económico y social.
Un total de 9,4 millones de personas en España se encuentran en situación de exclusión social, un incremento del 17,7% respecto a la crisis de 2007. Así lo refleja la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, realizada en 12.500 hogares y que será presentada en su totalidad en 2025.
La exclusión residencial destaca como uno de los problemas más graves: 1 de cada 4 hogares se ve afectado por problemas relacionados con la vivienda, que se agravan en los casos de exclusión severa, llegando a 9 de cada 10. Además, 6,8 millones de personas sufren un sobreesfuerzo por los costes de la vivienda, un aumento significativo desde 2007. Las personas con menos recursos destinan hoy más del 70% de sus ingresos al alquiler, lo que evidencia la falta de políticas eficaces.
Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas, subraya que la pobreza y la exclusión son problemas estructurales derivados del modelo económico y social actual, y hace un llamamiento a reforzar las políticas sociales y de vivienda.
Rueda de prensa de presentación del informe “Análisis y perspectivas” 2024
Propuestas para hacer frente a los resultados del IX Informe FOESSA
- Es necesario lograr que todas las personas tengan unas condiciones de vida dignas, independientemente de su relación con el empleo. Para ello, es fundamental atender las carencias materiales, complementando aquellos salarios que son insuficientes o garantizando unos ingresos mínimos pero suficientes para vivir en sociedad. Esto implica continuar desarrollando el sistema de garantía de ingresos mínimos, un ámbito con un amplio margen de mejora. Actualmente, el gasto del estado español en rentas de inserción representa solo el 30% de lo que invierten, en promedio, los países de la Unión Europea. (Datos ESSPROS EUROSTAT 2022).
- La integración social va más allá del ámbito económico. Por ello, es necesario reforzar paralelamente el sistema de protección social para garantizar también el derecho a la inclusión social, así como explorar otros espacios y tareas (ya que el trabajo no es solo empleo) que faciliten la integración y participación social, al mismo tiempo que generen bienestar común.
- Es imprescindible ampliar y reforzar las políticas públicas de vivienda para toda la sociedad, especialmente para las familias más vulnerables. Hay que tener en cuenta que el parque de vivienda pública en alquiler en la Unión Europea llega al 8% de media, una cifra que triplica el parque público de vivienda en España, que es del 2,5%. Por otro lado, la inversión destinada a prestaciones económicas para apoyar el alquiler representa solo el 18% de lo que se destina, de media, en la Unión Europea. Por todo ello, es primordial generar un parque de vivienda público amplio y luchar contra las situaciones de exclusión residencial, ya sea por vivienda inadecuada o insegura. (Datos ESSPROS EUROSTAT 2022 y datos sobre vivienda accesible de la OCDE).
- Es urgente abordar las situaciones de pobreza y exclusión social que afectan a la infancia. Para lograrlo, tanto la cobertura como el impacto de las prestaciones monetarias dirigidas a familias e infancia deben alinearse con los modelos y las cuantías de otros países de nuestro entorno. El déficit en la inversión en infancia y en políticas orientadas a la familia es un reto de primera magnitud para construir una solidaridad intergeneracional efectiva. España dedica solo un 36% de la inversión que, de media, destina la UE en prestaciones económicas por hijos. (Datos ESSPROS EUROSTAT 2022).
- Un nivel de estudios más alto es un factor protector contra la exclusión social. Por ello, es necesario fomentar el acceso a la educación no obligatoria, especialmente a la formación profesional y universitaria, teniendo en cuenta que no todas las personas pueden asumir las tasas de matrícula ni el coste del mantenimiento durante los años de estudio. Desde el inicio, el sistema educativo debería ser un compensador real de las diferencias de partida para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades.
- Es necesario continuar invirtiendo en el Sistema Nacional de Salud para asegurar una atención universal, de calidad y con plazos adecuados a las necesidades de todas las personas. Resulta especialmente urgente atender la salud mental, para lo cual es necesario contar con profesionales suficientes para que la atención psicológica sea efectivamente parte del derecho a la salud.
- Es urgente poner en marcha políticas sólidas de equidad y solidaridad con las poblaciones segregadas y marginadas que se encuentran en los niveles sociales más desfavorecidos y con graves dificultades para lograr una plena aceptación e inclusión social, como es el caso de las personas de origen migrante.
